Los empleadores y los directivos, en consulta con los trabajadores, deben llevar a cabo y actualizar periódicamente la evaluación de los riesgos de exposición que resulte de las actividades laborales, de preferencia con el apoyo de los servicios de salud en el trabajo.

En todas las evaluaciones de los riesgos debe tenerse en cuenta el entorno, la tarea, el peligro, los recursos disponibles (como el equipo de protección individual) y la viabilidad de las medidas de protección. En la evaluación de los riesgos también debe incluirse el alojamiento colectivo que facilite el empleador a los trabajadores, por ejemplo, los dormitorios. Es posible que los trabajadores de los servicios públicos esenciales, como la seguridad y la policía, la venta de alimentos al por menor, el alojamiento, el transporte público, los repartos, el agua y el saneamiento, y otros trabajadores de primera línea corran un mayor riesgo de exposición a riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo. En la evaluación de los riesgos individuales deben tenerse en cuenta los trabajadores que pueden correr un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19 debido a la edad o a afecciones médicas preexistentes.

El artículo 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 del 2015 establece que para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores. Actualizada como mínimo de manera anual, cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal, un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos.

El artículo 122 de la Ley 9 de 1979 establece: “Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, Elementos de Protección Personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo”.

Las auditorías son importantes para verificar el nivel de cumplimiento que tiene la empresa en cuanto al SG-SST y encontrar oportunidades de mejora.

En el Artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015, establece que el empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.